Chantaje mediático
John
M. Ackerman /
La Jornada
Cada seis
años, Televisa aprovecha la coyuntura electoral para chantajear
a las autoridades y expandir su poder sobre las conciencias y la
economía mexicanas. En 2006, este gigante mediático logró la
aprobación de la famosa ley Televisa, que fue redactada por sus
propios ejecutivos para facilitar su dominación sobre la
televisión comercial. Hoy, la televisora de Chapultepec busca
comprar la mitad de las acciones de la telefónica Iusacell con
el fin de saldar una alianza monopólica con su principal
competidor en la televisión, Tv Azteca, y así luchar juntos en
contra de las empresas de Carlos Slim en el mercado de la
comunicación móvil.
Pero la
verdadera competencia económica no se logra con dotar a los
mismos monstruos de siempre con nuevas armas de alto poder para
que entre ellos se destruyan en igualdad de condiciones. Al
contrario, las autoridades tendrían que tomar medidas
definitorias para desmontar estos poderes oligopólicos que
tienen postrada a la economía nacional, así como fomentar una
verdadera democratización del acceso a la información.
Nuestra
supuesta transición democrática ha dado el poder a los dos
grandes consorcios mediáticos. En los últimos 11 años de
gobiernos de la alternancia, las ganancias de Televisa y Tv
Azteca se han multiplicado. La Asociación Mexicana de Derecho a
la Información (Amedi) (www.amedi.org.mx)
ha informado que las ganancias de Televisa solamente en el
mercado de televisión abierta se han duplicado de 11 mil 555
millones de pesos en 1999 a 22 mil 750 en 2010. Para Tv Azteca,
el aumento fue de 6 mil 916 a 11 mil 554 en el mismo periodo.
La
reforma electoral de 2007, que prohíbe la compra o adquisición
de espacios televisivos por los partidos políticos o para hacer
propaganda comicial, buscó limitar el poder omnímodo de estas
dos empresas. Sin embargo, la desidia, la timidez y la
complicidad de las autoridades responsables de asegurar el
cumplimiento de la reforma han generado una situación en que las
televisoras ahora son más poderosas que nunca.
Asimismo,
la pérdida de ingresos que implicó la reforma electoral ha sido
más que compensada por el estratosférico aumento en el gasto de
publicidad de los gobiernos federal y estatales, así como por la
generación de un lucrativo mercado negro en materia de
entrevistas y coberturas especiales para políticos y candidatos.
La compra
por Televisa de Iusacell, propiedad del Grupo Salinas,
controladora de Tv Azteca, implicaría la conversión del actual
duopolio televisivo en un sólido monopolio que llevaría a una
degradación aún mayor de la calidad tanto de los contenidos
audiovisuales como del servicio de telecomunicaciones. Como bien
señaló Joe Philips, director de la división de Competencia
Económica de la OCDE por casi tres décadas, en su última visita
a nuestro país: Cuando las empresas tienen una vida tranquila,
cuando no existe una competencia vigorosa, invierten menos,
innovan menos y ven reducida de manera significativa su
productividad. Ése es el problema principal con la economía
mexicana hoy.
Televisa,
Tv Azteca, y desde luego también Telcel y Telmex, viven
demasiado tranquilos como resultado de su control absoluto sobre
sus mercados correspondientes. Juntas Televisa y Tv Azteca
controlan 95 por ciento de la audiencia televisiva. Si la
Comisión Federal de Competencia (CFC) autoriza la compra de
Iusacell pondría uno de los últimos clavos al ataúd del artículo
28 constitucional, que prohíbe tajantemente tanto los monopolios
como las prácticas monopólicas en el país.
Las
implicaciones políticas de una decisión en este sentido también
podrían ser mayúsculas. Por presiones de Felipe Calderón y el
PAN, las recientes reformas a la Ley Federal de Competencia
Económica no incluyeron modificación alguna en el estatus
jurídico de la CFC. Hoy este órgano regulador del Estado
mexicano sigue siendo un órgano administrativo desconcentrado de
la Secretaría de Economía. Es decir, se encuentra totalmente
subordinado al titular del Poder Ejecutivo federal por medio del
secretario Bruno Ferrari. La CFC ni siquiera es un organismo
descentralizado, con un nivel de autonomía media, como el
Conacyt, y mucho menos un organismo autónomo en forma, como el
IFE o la CNDH.
Si bien
la ley señala que la CFC cuenta con autonomía técnica y
operativa y autonomía para dictar sus resoluciones, no queda
duda de que las políticas y alianzas del Poder Ejecutivo tienen
una influencia contundente en sus decisiones. De allí podemos
entender la visita de Calderón a los directivos de Televisa la
semana pasada en el contexto de las fuertes presiones contra
Eduardo Pérez Motta, presidente de la CFC. Todo parece indicar
que se prepara una salida salomónica en que la CFC podría
autorizar la compra de Iusacell a cambio de que las televisoras
acepten algunos controles mínimos a sus prácticas abusivas en el
mercado de televisión de paga, tal como han sugerido los
directores de Dish y MVS.
Una
decisión en ese sentido podría evitar represalias de Emilio
Azcárraga y Ricardo Salinas Pliego en contra de Calderón y el
PAN de cara a las elecciones presidenciales de 2012. Pero sería
una derrota contundente para la sociedad, al postergar las
decisiones firmes que se requieren en la materia. Así, una vez
más se hipotecaría nuestro derecho a ser informados de manera
plural y responsable en un momento histórico tan importante para
el país.
www.johnackerman.blogspot.com, Twitter:
@JohnMAckerman
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