Desde el PRI
Héctor Yunes Landa
El
necesario trabajo legislativo
Héctor
Yunes Landa
29/01/2012
Como
ustedes saben, aspiro a la candidatura al Senado por mi partido,
siendo un puesto de tanta importancia y con una enorme
responsabilidad, quisiera comentarles muy someramente - en
virtud de que la legislación vigente me prohíbe hacer ofertas de
campaña y difundir la Plataforma Electoral- cuales son los
temas más relevantes que abordaré durante mi gestión legislativa
a partir del 1° de septiembre de este año.
La
gestión estará enfocada a adecuar el marco legal a favor de un
desarrollo sustentable y compartido para todos, de manera que
las condiciones de bienestar pleno sean una realidad
incuestionable. Por otro lado, es importante retomar la
destacada perspectiva internacional que tuvo México antes de la
alternancia del año 2000, especialmente importante hoy en día en
el que la interrelación basada en compromisos y acuerdos entre
naciones repercuten como nunca antes en las relaciones
internacionales e inciden directamente en la vida diaria de los
mexicanos.
Es tiempo
renovar al país y velar por los intereses de las mayorías,
estableciendo las nuevas bases para el crecimiento y desarrollo
integral de la nación. Es tiempo de modificar lo que no ha
funcionado y cambiar el rumbo hacia el progreso y bienestar de
los mexicanos. Los temas que se incluirán en la agenda
legislativa serán los más relevantes para el desarrollo de la
nación, temas como la Seguridad Pública y nuestra situación
económica serán prioridades. Así también debemos recuperar la
deliberación sobre las grandes reformas estructurales que la
nación requiere en los ámbitos hacendario, laboral, educativo,
financiero y energético, entre otros.
Será importante hacer una revisión a fondo de la relación de los
estados con la Federación, especialmente en lo que respecta a la
distribución del presupuesto que pertenece a todos los
mexicanos, y demanda realizar una actualización que establezca
medidas para un nuevo Convenio de Coordinación Fiscal.
En lo que
corresponde a nuestro sistema político, debemos consolidar una
gobernabilidad democrática fundada en el respeto a la ley, la
tolerancia y la disposición a sumar esfuerzos para constituir
una agenda común con metas compartidas por todos. Se debe
propiciar aún más la participación de la sociedad civil en las
decisiones públicas, para la promoción de la transparencia, la
rendición de cuentas y el acceso pleno a la información pública.
Un aspecto prioritario -en el que hemos insistido en este
espacio de opinión semanal- será convocar a los sectores
sociales, económicos y políticos a un pacto social, con
objetivos compartidos y de largo plazo, relacionados con la
necesidad de crecer con estabilidad y de asegurar la equidad con
una mayor igualdad en las oportunidades para brindar bienestar
social.
A su vez,
debemos constituir un federalismo equitativo y justo que
promueva procesos de desarrollo regional dinámicos, que eleve la
competitividad, la generación de empleo, la cohesión de la
nación y garantice el ejercicio pleno de la soberanía de las
entidades federativas y los municipios. El federalismo debe
abarcar temas fundamentales como la redistribución de
competencias y el equilibrio en el reparto de los recursos
financieros y la modernización administrativa.
En
materia de Seguridad Pública, es necesario ir a fondo en la
reorganización de las corporaciones encargadas de la seguridad
de los ciudadanos, pues de lo contrario el país no crecerá al
ritmo que requiere y los gobiernos continuarán incumpliendo a la
población al no proporcionar las condiciones mínimas de
seguridad, lo que pone en riesgo el bienestar de las familias.
Con el trabajo legislativo pretendemos construir las bases para
consolidar las capacidades del Estado para atender la seguridad
pública y funcionalidad del sistema de procuración e impartición
de justicia, así como el acceso a un sistema de justicia
imparcial y expedita que se mantiene como una prioridad del
Estado.
Entre los
sectores prioritarios para el desarrollo de nuestro país, el
educativo requiere de una profunda y acelerada transformación
para elevar su calidad a la altura del reto del mundo
globalizado. La educación que se imparte tiene insuficiencias
para la actual era de la sociedad de la información. Por eso
debe impulsarse la creación del marco jurídico para una mejora
en la calidad educativa a través de la innovación de programas y
planes de estudio, sin olvidarnos de la necesaria capacitación y
mejoramiento salarial del magisterio.
El
combate a la corrupción y a la ineficiencia, cuyas prácticas
deshonestas deben ser ejemplarmente sancionadas y combatidas a
fondo en todos los niveles de gobierno, deberá ser una
prioridad, así como el impulso de un servicio público eficiente,
responsable y profesional, que se caracterice por la
transparencia y rendición de cuentas y la mejora regulatoria y
la simplificación de los trámites y servicios en el sector
público.
Otro
aspecto prioritario para el interés público es la salud, por lo
que deben consolidarse las instituciones de salud pública, que
son el resultado de una larga lucha e impulso de los gobiernos
priístas emanados de la revolución. Para ello se debe reforzar
el primer nivel de atención, a fin de que cuente con elementos
suficientes para apuntar la estrategia de prevención de
enfermedades crónicas no transmisibles que tanto está
proliferando entre los mexicanos.
En cuanto
al crecimiento económico ante el escenario de desigualdad y
recesiones económicas a nivel mundial, es necesario reevaluar y
fortalecer al Estado en su condición de rector y promotor de la
economía nacional, como lo establece la Constitución de la
República. De ahí que se debe garantizar el dominio de la nación
sobre los recursos naturales; el alcance de los acuerdos y
consensos entre los sectores público, social y privado; haciendo
lo conducente para poder regular las relaciones económicas entre
los actores productivos, salvaguardando en primer lugar el
interés público; y responsable de vigilar que ningún sector o
grupo social se beneficie en detrimento de la población o que
anteponga sus intereses a los de la nación.
Es
necesario y urgente un Acuerdo para el Desarrollo Nacional donde
participen los órdenes de gobierno, las cámaras de diputados y
senadores, los sectores de la producción, las empresas, los
sindicatos obreros y las organizaciones campesinas, las
instituciones académicas y de investigación y la sociedad civil,
para que en base a un diagnóstico de la problemática nacional,
se propongan políticas públicas para establecer un nuevo rol
para el Estado y un nuevo modelo de desarrollo.
Con
relación a las políticas públicas y asistenciales, se deben
reconocer y proteger enfáticamente los derechos sociales de los
segmentos de población con menor índice de desarrollo humano,
para reorientar la obligación del Estado de crear las
condiciones indispensables para su incorporación al desarrollo
social, la nación nunca más debe sufrir la vergüenza de que
compatriotas mueran por hambre. Asimismo, son necesarias
políticas públicas que propicien una mejor redistribución del
ingreso y la generación de empleos formales industriales y
agropecuarios, con el fin de garantizar la seguridad social, el
incremento de los salarios por la vía de la productividad, la
ampliación de servicios eficientes de salud, educación y
capacitación para el trabajo, como factores estratégicos para
reducir la pobreza.
No
soslayamos la importancia de asegurar condiciones para el
desarrollo integral del sector agropecuario, forestal y
pesquero, ya que se encuentra sumergido en una crisis sin
precedentes que coloca a nuestro país en un situación de riesgo
incalculable; esto nos lleva a plantear el impulso de una
política de Estado para el campo que garantice la soberanía y
seguridad alimentarias y el fomento de la producción, así como
el incremento de las condiciones que beneficien de manera
integral al sector rural.
Acompañando esta visión de una gestión legislativa útil a la
sociedad, deben emprenderse esfuerzos para afrontar la crisis
ambiental provocada por el cambio climático global. La
alteración del clima se ha convertido en una de las mayores
amenazas para el desarrollo humano y el bienestar de las futuras
generaciones. En nuestra entidad ya es un hecho su impacto
negativo, ya que cada vez con mayor frecuencia se presentan
sequías y mayores precipitaciones pluviales que causan graves
inundaciones, ambos casos originan pérdidas económicas
inconmensurables.
El reto
es impulsar una acción y gestión legislativa eficiente, de
resultados, vamos, que sirva a la gente, y que además, camine al
lado del ejecutivo en el impulso de una nueva etapa de
prosperidad, progreso y mejora en la calidad de vida de los
mexicanos.
cdeprideveracruz@gmail.com
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